Cerca de 300.000 ancianos sufren algún tipo de maltrato en España. Soledad, abandono, abusos, agresiones. La reciente confesión de Joan Vila, el celador que asesinó a 11 residentes en el geriátrico de la provincia de Gerona donde trabajaba, ha puesto de manifiesto la situación de vulnerabilidad y desprotección jurídica y social que viven las personas mayores.
Según datos del IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), en España el 15% de las personas de más de 65 años presenta un grado importante de dependencia. Las residencias públicas y privadas apenas acogen a un 5%. La mayoría de ellos está siendo atendida por sus familiares.
Las ayudas derivadas de la Ley de Dependencia aprobada a finales del año 2006 por el Gobierno del Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, se distribuyen de forma lenta y desigual entre las diferentes Comunidades Autónomas. El último informe del Observatorio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales calificaba de “muy deficiente” el desarrollo y aplicación de la ley en algunas de las autonomías, entre ellas Madrid. La mayor parte de las ayudas llega en forma de prestación económica mientras que los servicios y la asistencia domiciliar escasean.
En esta situación, son muchas las familias que se ven obligadas a asumir toda la responsabilidad sobre el cuidado de sus mayores. La falta de medios, el desconocimiento y la necesidad de compaginar esta responsabilidad con otras como el trabajo o el cuidado de los hijos, pueden desembocar en un trato negligente hacia la persona mayor. Desde descuidos en los hábitos higiénicos y alimenticios o imprudencias a la hora de administrar la medicación -por excesiva o insuficiente- hasta actuaciones que implican un maltrato físico, como la sujeción forzosa para impedir el movimiento.
Por desgracia, este tipo de prácticas también se emplea en los centros de cuidado de ancianos. Un estudio de la Confederación de Organizaciones de Mayores (Ceoma) elaborado en 263 residencias españolas, afirmaba que el 23% de los residentes está sometido a estas técnicas.
No existen cifras concretas que identifiquen el alcance del problema. Los ancianos no denuncian la situación. Impotentes, avergonzados o temerosos, se convierten en víctimas silenciosas.
Los malos tratos no sólo se manifiestan en forma de agresión física o verbal. Las personas mayores sufren en mayor medida debido a una situación de abandono y exclusión social, de privación de sus derechos y de sus opciones en la toma de decisiones, de abuso por parte de quienes cuidan y administran sus bienes. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce el maltrato a los ancianos como un problema universal. Durante la Asamblea Mundial del Envejecimiento, celebrada en Madrid en 2002, hacía públicas las resoluciones recogidas en la Declaración de Toronto para la prevención global del maltrato a las personas mayores elaborada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) donde se establecía que: “No es suficiente identificar los casos de maltrato de las personas mayores. Todos los países deben desarrollar las estructuras que permitan la provisión de servicios (sanitarios, sociales, de protección legal, policiales, etc.) para responder de forma adecuada y eventualmente prevenir el problema.”
Los sistemas sociales tienen que afrontar una situación sin precedentes. La población envejece a un ritmo acelerado. El número de personas mayores se incrementa gracias al aumento de la esperanza de vida. Tanto que el actual sistema, donde la población activa desaparece a los 65 años, se hace insostenible. El envejecimiento de la población plantea un verdadero problema de sostenibilidad económica en la medida en que viene acompañado por un aumento de la demanda de asistencia social. Cada vez más personas necesitan de la atención y el cuidado de los especialistas, y cada vez es más difícil cubrir esa demanda. Un sistema público que quiera garantizar los derechos de sus ciudadanos, debe por tanto, replantarse cuál es el nuevo papel que desempeñan las personas mayores en la sociedad. Quizá sea hora de atribuirles el papel protagonista que algún día les quitamos, de dejar de asociar la edad a la incapacidad y de dotarles de los medios suficientes para afrontar esta etapa de la vida.
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